Suspensión de la Ley de Narcomenudeo: ¿Medida necesaria?

Mucho se ha hablado, y claro está, ha sido también materia de debate legislativo la suspensión de la “Ley nº V-1081-2022 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes , o “Ley de Narcomenudeo”, la cual fue puesta en vigencia en el 2022 con el objetivo de agilizar y hacer más efectiva la lucha contra el narcotráfico, delegando facultades a los organismos de seguridad provinciales, para el caso de entrega, suministro y facilitación de estupefacientes; la siembra o cultivo de plantas destinada a obtener estupefacientes para consumo personal; la tenencia para consumo de estupefacientes; el suministro indebido de sustancias medicinales en sus formas dolosas, imprudente y por omisión y la falsificación, suscripción no autorizada y aceptación en esas condiciones de recetas médicas. También se incluía la tenencia simple de estupefacientes, sea o no para consumo personal, pues generalmente se trata de pequeñas cantidades de estas sustancias.

De esta forma se desprendía la competencia del estado nacional para los casos de menor relevancia, haciendo que la función de la policía, como la Justicia provincial, con sus recursos y su presencia en todos los puntos de la provincia, tuviera mayor poder de acción y de resultados.

Con la suspensión de esta ley, acción que fue impulsada por el actual oficialismo vuelve al fuero federal toda intervención en materia de narcomenudeo.

“El sistema de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes resulta impracticable en términos técnicos y operativos, por lo que se requiere postergar el inicio de su implementación por un plazo razonable que permita adecuar la realidad provincial a los desafíos y complejidades que presenta el funcionamiento de dicho régimen” manifestó Olivero, uno de los senadores que apoyó la suspensión de dicha ley.

Foto: ANSL

Sin embargo, senadores de la oposición , en un despacho por la minoría, justificaron punto por punto, que no era necesario la suspensión de la ley, y si promover el desarrollo de programas de capacitación intensivos para el personal judicial y policial. Establecer mecanismos claros de coordinación y comunicación entre las jurisdicciones provincial y federal. Implementar un plan de acción con plazos claros y responsabilidades definidas para la creación de normas y protocolos necesarios, entre otras cuestiones, aclarando que la suspensión de la mencionada ley que puede traer consecuencias o resultados mucho menos satisfactorios para la sociedad.

Si la medida adoptada por el oficialismo en materia de seguridad, más precisamente en lo que refiere a narcomenudeo, puede beneficiar o perjudicar a la provincia, solo el tiempo puede darnos una idea. Lo que, si podemos decir, que se reconsidera y quizás se menoscaba la labor de la policía y la Justicia provincial, como también deja alguna duda, ya que no se especifica la afectación de los recursos necesarios para su implementación, como la logística para llevar a cabo este traspaso o delegación al fuero federal con la estructura actual de esos organismos en San Luis.