Este martes, el Senado provincial aprobó por unanimidad la derogación de la Ley N° V-1081-2022, que establecía la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes. La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
La media sanción de la ley de Desfederalización de Causas por Narcomenudeo fue por unanimidad de la Cámara de Senadores.
El senador por Pueyrredón, Martín Olivero, recordó que esta normativa había sido suspendida el año pasado durante un año, con la aprobación de ambas cámaras, luego de que el gobernador Claudio Poggi enviara la propuesta a la Legislatura.
Esta ley, que había sido sancionada en 2022 durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, permitía que los delitos menores vinculados al narcomenudeo, como la venta, suministro o entrega de estupefacientes en dosis destinadas al consumo personal fueran investigados y juzgados por la Justicia provincial en lugar de la Justicia federal.
Sin embargo, la normativa nunca fue implementada de manera efectiva. En el tiempo transcurrido desde su entrada en vigencia -el 1° de enero de 2023-, no se elaboraron protocolos de actuación, no se crearon los organismos necesarios ni se designaron los jueces, fiscales y defensores que debían intervenir en este nuevo fuero. Tampoco se concretó la reglamentación ni se conformó la comisión de seguimiento prevista por la propia ley.
Martín Olivero, senador por el departamento Pueyrredón.
Entre los fundamentos del proyecto aprobado durante la sesión, se señala que el esquema de desfederalización no ha dado resultados positivos en otras provincias donde fue implementado, como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Formosa y Salta. De acuerdo con estadísticas de la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la transferencia de competencias a la Justicia local no solo generó un aumento de causas por tenencia simple y consumo personal, sino que también debilitó la persecución de los delitos más graves vinculados al narcotráfico.
Además, se advirtió que fragmentar las investigaciones impide comprender la dimensión real de las redes de comercialización, dificultando la detección y sanción de los grandes distribuidores, que operan a través de múltiples puntos de venta. Esta falta de coordinación entre jurisdicciones debilita la lucha contra el crimen organizado y afecta la aplicación de figuras penales agravadas, como la participación de organizaciones o el financiamiento del tráfico.
Otro argumento central del proyecto es que, durante el período en que la ley estuvo suspendida, San Luis logró avances significativos en la lucha contra el narcotráfico a partir del trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales, y de la intervención de la Justicia Federal, que cuenta con mayor experiencia y especialización en la investigación de delitos complejos.
La derogación de esta ley busca preservar ese esquema de articulación y eficacia, evitando retrocesos institucionales y garantizando el uso de capacidades técnicas, operativas y legales especializadas para enfrentar un fenómeno que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) considera de escala global. Según informes de este organismo, Argentina forma parte de las principales rutas internacionales del tráfico de cocaína y se ubica, junto con España, entre los países con mayor consumo.
